La banquera de inversión y exvicepresidentade J.P Morgan para Latinoamérica Susana de la Puente examina cómo el diseño tributario afecta la capacidad de los jóvenes para poner en marcha y fortalecer sus proyectos, y de qué manera ciertos incentivos pueden convertir obligaciones fiscales complejas en oportunidades reales de crecimiento e innovación.
El emprendimiento juvenil es un componente decisivo para sostener la competitividad económica a largo plazo. Sin embargo, las condiciones en las que estos proyectos nacen influyen profundamente en sus opciones de consolidación. Entre los elementos más influyentes destaca el sistema fiscal, cuyo diseño puede convertirse en un motor del desarrollo o en un obstáculo durante las etapas más vulnerables de un negocio.
Para los jóvenes emprendedores, la carga fiscal temprana representa un desafío estructural, ya que deben cumplir obligaciones en un momento en que ingresos y liquidez son aún inciertos, advierte Susana de la Puente. Este desequilibrio afecta no solo la viabilidad de iniciativas individuales, sino también el conjunto del ecosistema, reduciendo innovación, atracción de talento y creación de empleo. En un entorno que impulsa la creación de empresas como motor económico, resulta contradictorio exigir condiciones pensadas para negocios consolidados a quienes apenas comienzan a emprender.
Repercusiones de la fiscalidad temprana en el emprendimiento joven
En los inicios de un proyecto, la correcta asignación de recursos es esencial. Los jóvenes fundadores operan en un escenario donde cada decisión puede determinar la supervivencia del negocio. En este contexto, las obligaciones tributarias tempranas influyen directamente en sus decisiones de inversión y en la capacidad de generar crecimiento orgánico.
Cuotas sociales, impuestos sobre sociedades o sobre la renta implican compromisos importantes en momentos de ingresos inestables y flujos de caja limitados. Esta presión fiscal reduce la liquidez destinada a reinversión, innovación o contratación, e incrementa el riesgo de cierres prematuros, afectando la percepción del emprendimiento entre los jóvenes, señala De la Puente.
A ello se suma la complejidad administrativa, que requiere conocimientos técnicos y, muchas veces, asesoría profesional, elevando los costes operativos. Para inversores y gestores de capital, este escenario incrementa la percepción de riesgo y limita el acceso de los jóvenes a crédito y financiación privada.
Susana de la Puente sostiene que la carga tributaria inicial funciona como un filtro: solo los proyectos con acceso a recursos externos superan la barrera, mientras que iniciativas con alto potencial innovador retrasan decisiones estratégicas o se ven obligadas a detener su desarrollo.
La innovación como destino de un diseño fiscal inteligente
Cuando se diseñan correctamente, los incentivos fiscales alivian la presión sobre los emprendedores jóvenes y dirigen recursos hacia actividades de mayor valor añadido, facilitando la innovación y la expansión sostenible.
Entre los mecanismos más relevantes destacan las deducciones por inversión en I+D, las bonificaciones en seguridad social para contratación juvenil y los regímenes preferentes para startups, que ofrecen cargas impositivas reducidas en los primeros años. Estas medidas aumentan la liquidez para reinversión y reducen el riesgo percibido por los inversores, facilitando la entrada de capital privado, subraya De la Puente. El Reino Unido es un ejemplo de referencia en incentivos a la inversión en startups.
Los incentivos bien estructurados generan efectos multiplicadores: fortalecen la diversidad del ecosistema, impulsan soluciones tecnológicas y facilitan la internacionalización de empresas emergentes. Además, promueven empleo cualificado y mejoran la competitividad global. Para Susana de la Puente, estos marcos permiten a los jóvenes transformar ideas en proyectos escalables.
Susana de la Puente y la lectura global de entornos fiscales
Los sistemas tributarios aplicados al emprendimiento juvenil varían ampliamente según el país, estableciendo entornos más o menos favorables según la disponibilidad de incentivos. En Europa, Reino Unido sobresale con esquemas como el SEIS y deducciones por innovación que reducen impuestos para inversores y ofrecen ventajas a las empresas orientadas a la investigación. Francia combina ayudas directas con programas como la JEI, que incluyen exenciones en cargas sociales y créditos fiscales, según destaca la banquera de inversión Susana de la Puente.
En cambio, España mantiene una estructura fiscal considerada más rígida. Aunque ha incorporado medidas como la Ley de Startups, con tipos reducidos y deducciones, su alcance es desigual y depende de convocatorias y condiciones específicas, lo que limita su impacto y complica la consolidación de proyectos en etapas iniciales.
En Estados Unidos, la flexibilidad normativa y los incentivos orientados a la inversión en I+D han fortalecido un ecosistema emprendedor globalmente destacado. Programas como el SBIR ofrecen financiamiento no reembolsable, aunque su acceso requiere gestionar procesos complejos que pueden dificultar la participación de emprendedores con poca experiencia, apunta Susana de la Puente.
En América Latina, varios países aplican políticas para reducir barreras de entrada y promover la innovación en startups. República Dominicana simplifica trámites y ofrece ventajas fiscales para nuevas empresas, mientras que Chile combina un modelo progresivo con incentivos para inversión en I+D y exenciones en los primeros años, favoreciendo la expansión de empresas emergentes.
En general, los países que equilibran incentivos, acceso a capital, formación y simplificación administrativa crean entornos más favorables para que jóvenes emprendedores desarrollen y escalen sus proyectos.
Los jóvenes fundadores enfrentan una situación vulnerable: deben cumplir obligaciones fiscales cuando aún no cuentan con ingresos estables ni recursos suficientes, lo que condiciona la viabilidad de sus iniciativas y la percepción del emprendimiento como opción profesional, concluye Susana de la Puente.