El anuncio del Gobierno de vetar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha destapado un conflicto político que llevaba meses latente. Lejos de presentarse como una medida consensuada, la iniciativa ha reavivado las tensiones dentro del Ejecutivo de coalición. Izquierda Unida reivindica ahora la autoría de la propuesta y acusa a varios ministerios del PSOE de haberla retrasado de forma injustificada.
El choque se hizo explícito en el Congreso de los Diputados. Allí, el portavoz de IU, Enrique Santiago, recordó que la prohibición anunciada por el presidente Pedro Sánchez no es nueva. Según explicó, la medida ya figura en la reforma de la Ley de protección integral a la infancia frente a la violencia y depende directamente del Ministerio de Juventud e Infancia.
“No es una ocurrencia de última hora”
Santiago fue claro en su mensaje. La propuesta, defendió, lleva tiempo encima de la mesa y cuenta con un texto trabajado desde su ministerio, dirigido por Sira Rego. En su opinión, el problema no ha sido la falta de contenido, sino los bloqueos internos. Señaló directamente a otros departamentos, en especial al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por introducir objeciones que han ralentizado la tramitación.
El portavoz de IU criticó que se utilice el impacto mediático como criterio político. Que un anuncio tenga más o menos eco no debería, dijo, alterar el reparto de competencias ni justificar que un ministerio invada el trabajo de otro. Para ilustrarlo, puso un ejemplo sencillo: una ley pensada para proteger a los menores no debería quedar atrapada en debates procedimentales mientras los riesgos digitales siguen creciendo.
El anuncio desde Dubái
El origen inmediato de la polémica está en la intervención de Sánchez en el World Governments Summit, celebrado en Dubái. Desde allí, el presidente presentó un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias destinadas a frenar lo que calificó como “abusos de las grandes plataformas digitales”.
Entre esas medidas destacan dos especialmente sensibles. Por un lado, la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años, acompañada de la obligación para las plataformas de implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Por otro, la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. El mensaje fue contundente y buscaba situar a España en la vanguardia regulatoria europea.
Una ley que ya estaba en marcha
Lo que IU subraya es que gran parte de ese paquete ya estaba en proceso. En junio de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales. Ese texto elevaba de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales sin consentimiento parental.
La norma, promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia, se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Desde el Ejecutivo se plantea ahora introducir una enmienda para que la prohibición quede reflejada de forma expresa y se refuercen los mecanismos de verificación. Sobre el papel, el encaje legal es sencillo. En la práctica, el retraso acumulado ha generado frustración en IU.
El fondo del conflicto
Más allá de la autoría, el enfrentamiento revela algo más profundo. Hay una disputa sobre quién lidera la agenda digital y de protección de menores dentro del Gobierno. IU considera que su ministerio ha sido relegado pese a tener competencias claras. El PSOE, por su parte, busca capitalizar un anuncio con alto impacto social y electoral.
La cuestión no es menor. El uso intensivo de redes sociales por parte de menores está vinculado a problemas de salud mental, acoso y exposición a contenidos nocivos. Cada mes de retraso, sostienen desde IU, tiene consecuencias reales. Un adolescente de 13 años que hoy crea una cuenta sin control parental es un ejemplo concreto de lo que la ley pretende evitar.
Las claves del debate
El conflicto se articula en torno a varios puntos:
- Autoría política de la medida y liderazgo del proceso legislativo.
- Retrasos administrativos derivados de discrepancias entre ministerios.
- Verificación de edad, un reto técnico y legal aún sin resolver del todo.
- Responsabilidad de las plataformas, que deberán asumir nuevas obligaciones.
Santiago ha sido explícito al pedir al PSOE que retire las “trabas” y permita que la ley avance sin más dilaciones. A su juicio, el consenso social sobre la protección de menores es amplio y no debería verse erosionado por luchas internas.
Un debate que va a más
Mientras tanto, la prohibición anunciada sigue siendo, de momento, un proyecto. La diferencia entre un titular y una ley efectiva se mide en meses de tramitación parlamentaria. La presión pública aumenta y el margen político se reduce. ¿Será capaz el Gobierno de cerrar filas y convertir el anuncio en una norma operativa?
La respuesta marcará no solo la política digital del Ejecutivo, sino también la credibilidad de su discurso sobre la protección de los menores en internet. En este pulso, IU ya ha dejado claro que no piensa quedarse al margen de una iniciativa que considera propia y urgente.